Molestia en la Judicatura por los micos que en el Congreso le están colgando a la Ley Estatutaria de la Justicia.

En julio del año pasado, el Consejo Superior de la Judicatura radicó un proyecto de ley estatutaria para reformar la justicia; el proyecto ya fue aprobado por la Comisión Primera y la plenaria de la Cámara. Al texto original le fueron colgados varios primates. Vean, por ejemplo: «Los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de tales profesiones».

En carta blanca, eso quiere decir que los abogados que se dedicaron a otra profesión podrán hacer valer su experiencia en Relaciones Internacionales y Gobierno, Periodismo, Odontología, Ingeniería, Geología, por citar algunas profesiones, como válida para aspirar a ser magistrado de una Alta Corte, donde se exigen como mínimo 15 años de ejercicio.

Curiosamente, el orangután ni siquiera pide que los aspirantes a magistrados cuenten con posgrados o doctorados; apenas, para quienes están terminando sus estudios de Derecho. También se aprobó que el nombramiento del director ejecutivo de la administración de justicia, que hasta hoy lo elige la Judicatura por convocatoria pública, quede en manos de los presidentes de las Altas Cortes y el fiscal general.

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¿Quién o quiénes están engendrando tanto mico?