A los internos de la cárcel de El Banco (Magdalena), cuya situación es precaria, la Corte Constitucional ordenó, vía tutela, que se les protejan sus derechos para que cumplan su detención en condiciones dignas.

En el fallo, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte amparó los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo y a la salud. En este caso, 70 personas privadas de la libertad acudieron a la tutela ante el hacinamiento (que llega al 200 %), la falta de elementos de aseo y el manejo inadecuado que se da a las aguas negras en la cárcel de El Banco.

La Corte dio tres meses al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que se cumpla su mandato.