La prohibición del uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes acatada por el Ministerio de Defensa duró poco tiempo, pues el pasado enero, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden.

Hoy, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez insistió en la revisión de este expediente citando, a manera de ejemplo, un estudio que recomendó la suspensión de esos gases al considerar que son «un potencial propagador de COVID-19», pues hace que los pulmones sean «altamente vulnerables a la infección viral».

 

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Para el magistrado, es necesario que la Corte se pronuncie sobre el uso de dispositivos «menos letales» para disolver las manifestaciones. También pide que la Corte aclare los límites entre los poderes de la Policía y los derechos de los manifestantes en un contexto de pandemia.

La tutela, que motivó la solicitud del magistrado, fue presentada por el ingeniero ambiental Mateo Rincón, quien advierte de un riesgo de propagación del coronavirus por cuenta del uso de agentes químicos.

Me dicen que la demanda del ambientalista está muy bien documentada. ¡Habrá que esperar la decisión de la Corte!