Muy mal le fue a la Unidad Nacional de Protección en una auditoría de cumplimiento hecha por la Contraloría General.

El organismo de control advierte deficiencias administrativas en el arrendamiento de vehículos blindados y en la contratación de escoltas. Halló también debilidades en el monitoreo y el control a las medidas de protección que se implementan, así como lentitud en los procesos para la asignación de esquemas. Denunció falta de gestión en el suministro de automotores y escoltas, sobre todo para líderes sociales en situación de riesgo.

Además, la Contraloría General encontró graves irregularidades en el supuesto desmonte de por lo menos 14 esquemas de seguridad sobre los cuales no se tiene información, razón por la cual tuvo que iniciarse una indagación preliminar por $ 1960 millones.

En general, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad se refiere a deficiencias en materia contable dentro de la UNP, razón por la cual se ordenó implementar un plan de mejoramiento.