El Consejo de Estado presentará el próximo 16 de marzo un proyecto de reforma constitucional en el que plantea la supresión de las facultades electorales que tiene esa alta corporación y la eliminación de la Auditoría General.

Como se sabe, el Consejo de Estado nombra uno de los tres candidatos que le propone al Congreso para elegir procurador general de la nación; además, elige al auditor general. Sobre este último punto, propone la eliminación total de la Auditoría. Por otra parte, en los últimos meses, la abolición de las facultades electorales ha sido un tema de debate nacional: si las altas Cortes deben seguir o no participando en las conformación de ternas para proveer los altos cargos de control de la nación. El Consejo de Estado, pues, tomó la iniciativa.

El problema delicado que surge es este: si se despoja a las altas Cortes de las funciones electorales que tienen hoy, ¿a qué organismo se le pueden adjudicar? Sabiamente, la Constituyente del año 1991 concentró esos nombramientos en las altas Cortes, con el espíritu de «despolitizar» las elecciones de fiscal, contralor y procurador. Desgraciadamente, la Constituyente no previó lo que podría ocurrir: que las Cortes terminaran, ellas, politizadas.

Les propongo lo siguiente: en nuestro Twitter, @CMILANOTICIA, haremos una pequeña encuesta, elijan su preferencia sobre qué organismo debe elegir: 1. las Cortes, 2. el Congreso, 3. el presidente o 4. la academia. Mañana divulgaré los resultados.