Comenzó el descubrimiento de barbaridades e inconsistencias en el proyecto de reforma a la justicia.

Por ejemplo, al procurador le bajaron el periodo de 4 a 3 años. El artículo 27 dice que el periodo institucional del procurador empezará el 16 de enero del segundo año del gobierno y terminará el 15 de enero del segundo año del siguiente gobierno. El procurador Carrillo comenzó con el gobierno anterior, en enero de 2017, y terminará su periodo un poco más allá de la mitad del gobierno Duque, en 2020. Según la reforma, el 15 de enero del segundo año del gobierno Duque será el 15 de enero del año 2020. Pero el procurador Carrillo fue elegido por 4 años en 2017, y su periodo termina el 15 de enero del año 2021. Le recortan un año al procurador. Una de dos: ¿es un error producto de la improvisación o de la mala redacción del proyecto?

Y, para rematar, los redactores del proyecto excluyen a la Procuraduría del sector justicia. ¡Ave María!