El Consejo de Estado declaró improcedente una tutela que sugería una presunta participación en política de parte del presidente de la República, Iván Duque, en contra de los candidatos del Pacto Histórico. 

La tutela advertía que cada vez que el presidente Duque hacía una declaración relacionada con la campaña presidencial se vulneraban los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, y a la participación ciudadana con sus referencias indirectas a las propuestas de Petro. 

La tutela citó al menos seis declaraciones del presidente Duque en las que hizo referencia a «las voces de la demagogia y del populismo»; a «los sectores radicales» con «propuestas radicales como eliminar los escuadrones móviles antidisturbios»; a «los que hablan al pueblo de ilusiones, de arrebatarles ahorros a algunos para regalárselos a otros» o a «los que proponen ahora acabar con el Icetex». 

El Consejo de Estado consideró que la tutela no debía prosperar porque «no se probó la relación entre las declaraciones del presidente de la República y la afectación a los derechos del accionante».