La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanza en un proceso contra el exdirector del INPEC, general en retiro Gustavo Adolfo Ricaurte, por el delito de contrato sin el lleno de requisitos legales.

El lío que afronta Ricaurte tiene que ver con un convenio educativo que suscribió en 2011 con la Corporación Universitaria Ideas, para que algunos reclusos de la cárcel La Picota de Bogotá estudiaran el pregrado de Derecho. Lo grave es que el programa educativo que cursaron 21 reclusos no tenía autorización del Ministerio de Educación; esto quiere decir que ninguno de los estudiantes carcelarios pudo graduarse. Entre los reclusos que estudiaron con el convenio se encuentran los exparamilitares Edwar Cobos Téllez, alias «Diego Vecino»; Oliverio Isaza, alias «Terror», y Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias «el Águila».

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La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) le advirtió al Ministerio de Educación que el programa de Derecho ofertado en las cárceles no cumplía con condiciones de calidad.

Hoy, se conoció en audiencia ante la Corte Suprema que los exparamilitares que aspiraban a convertirse en abogados presentaron una demanda contra el INPEC por estos hechos. Probablemente, el general Ricaurte tuvo buenas intenciones, pero siempre es mejor verificar.