Una verdadera tormenta estalló en la Corte por el fallo que frenó la intención del Gobierno de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato.

El fallo fue dictado por la Sección Sexta de revisión de tutelas; esta sección está integrada por los magistrados Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Gloria Ortiz.

Como es natural, dos magistrados hacen mayoría, pero la magistrada Ortiz comentó en la Corte su desconcierto al considerar que varios magistrados creían que se trataba de una decisión de altísimo impacto adoptada solo por dos magistrados: Cristina Pardo y José Fernando Reyes.

La magistrada Ortiz difiere completamente de sus colegas, advirtiendo que la Corte no ha debido tumbar el protocolo ambiental para el regreso de las aspersiones. En un salvamento de voto, la magistrada Ortiz advirtió:

«Las acciones de tutela acumuladas debieron declararse improcedentes en relación con el derecho fundamental a la consulta previa […] Los actores no acreditaron que estuvieran ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable […] El hecho de que en los 104 municipios haya presencia de comunidades no basta para demostrar la afectación directa».

La magistrada Ortiz también considera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sí cumplió con garantizar el derecho a la participación de las comunidades. Dijo lo siguiente:

«La ANLA sí lo garantizó en el trámite administrativo y todavía existían etapas de participación y consulta previa que estaban previstas para momentos posteriores, sin que se reactivaran las aspersiones aéreas con glifosato antes de su cumplimiento».

La proximidad de la magistrada Ortiz con el Gobierno es bien conocida y su posición podría originar una solicitud de nulidad de este fallo ante la misma Corte, lo que provocaría que el expediente sea estudiado por el pleno de los magistrados e incluso podría reversar la decisión.