Los lineamientos para profesionalizar el empleo público y escoger a los funcionarios del Estado por méritos y no con palancas parece un modelo condenado a muerte.

Así lo demuestran las cifras oficiales. Actualmente, siete superintendencias tienen 2950 vacantes que deben ser provistas por concurso. Sin embargo, los procesos están suspendidos por demandas de sindicatos, trabajadores y extrabajadores de esas entidades. A nivel nacional, hay 282 entidades que adelantan procesos de selección por meritocracia para más de 28.000 vacantes… y todos los concursos están demandados o suspendidos.

La meritocracia agoniza. Parecería que una cosa dice el presidente y otra hacen los gobernadores y alcaldes.