La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un comité, hizo un reconocimiento a un fallo que profirió el magistrado de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo. En él, se determinó que las autoridades encargadas de atender a las mujeres víctimas de agresiones físicas o psicológicas pueden incurrir en actos de violencia institucional si no adoptan las medidas necesarias para su protección. La Corte señaló que el Estado se puede convertir en un segundo agresor si no expide medidas de protección en plazos razonables.

La sentencia también solicitó rediseñar las comisarías de familia porque, dice la Corte, su trabajo es poco efectivo.