El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda que pide la muerte política o la pérdida de investidura del presidente electo, Gustavo Petro, por presuntas inasistencias a plenarias en el Senado. 

De acuerdo con la demanda, presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, el senador Petro dejó de asistir a 17 sesiones plenarias y en una sola legislatura tuvo ocho faltas.

Según la Constitución, un congresista perderá su investidura cuando deje de asistir, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura. 

El debate jurídico que se abre es interesante, pues algunos juristas sostienen que la demanda no tendrá ningún efecto sobre el presidente electo.

Dicen juristas que un eventual fallo en contra del presidente electo solamente tendría efectos cuando él abandone la Presidencia de la República, impidiéndole que aspire a otros cargos de elección popular.

La Constitución no es clara sobre un eventual fallo contra un presidente electo y sobre si se genera una «inhabilidad sobreviniente». 

En todo caso, el debate es novedoso, pues no hay un precedente sobre la materia y se avecina un galimatías jurídico con la decisión que adopte el Consejo de Estado.