El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría de Boyacá parece tener sus días contados por cuenta de una demanda instaurada por la Auditoría General de la República.

Según la auditoría, la ordenanza que creó el fondo de bienestar de la Contraloría de Boyacá en 2007 va en contravía de las normas que promueven la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. El asunto es que esa norma permite que la entidad utilice dineros recaudados por concepto de multas y sanciones en actividades recreativas y deportivas de los empleados de la Contraloría. Esta situación se evidenció en marzo pasado, cuando con dineros del fondo de bienestar de la Contraloría de Boyacá se financió el viaje a Panamá de 78 funcionarios, incluido el propio contralor departamental, Pablo Augusto Gutiérrez; el paseo costó $ 130 millones y se hizo para celebrar el Día del Hombre y de la Mujer.

Este episodio demuestra que la Contraloría de Boyacá recauda los dineros y ella misma decide en qué los gasta. Como la sátira española de Francisco de Quevedo: yo soy el rey Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.