Nunca antes, cinco entidades del Estado se habían unido para defender un fallo judicial y exigir su aplicación.

Resulta que, hace un año, la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS Manexka, que venía operando en los departamentos de Córdoba y Sucre. Atendía a 210.000 afiliados, en su mayoría población indígena, quienes fueron trasladados a otras EPS. Las directivas de la EPS Manexka interpusieron una tutela para frenar la liquidación y forzar el regreso de los afiliados. Un juez, y posteriormente el Tribunal de Córdoba, fallaron en favor de la EPS… Y ahí comienza el tira y afloje.

La Supersalud frenó la liquidación y devolvió a la EPS toda la infraestructura que tenía, pero no reintegró a los 210.000 afiliados. Argumentó que estarían en riesgo debido a que la EPSManexka no cuenta con la capacidad para brindarles una buena atención. Ante esa decisión de la Supersalud, la EPS interpuso contra el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, un incidente de desacato… y eso tiene al borde de un arresto al supercruz.

Y eso es lo que ha provocado la unión de todos: la Supersalud, la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar y el Ministerio del Interior decidieron armar un frente común para pedirle a la Corte Constitucional que revise la tutela, verifique la verdadera situación de la EPSManexka y se pronuncie de fondo sobre el tema. Las cinco entidades del Gobierno aseguran que no se puede poner en riesgo la salud de 210.000 indígenas que estaban recibiendo una atención deficiente, mientras se produce el fallo de la Corte. El reloj corre y el supersalud cuenta cada minuto: tic… tac… tic… tac…