El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, advirtió que uno de los contratistas del consorcio del polémico contrato de Emcali hizo parte del cambio de los medidores de energía con Electricaribe.

A propósito del polémico contrato de Emcali, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez advierte que por una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), más de 10 millones de medidores en el país tendrán que ser cambiados y esto puede terminar en un entramado de corrupción mucho mayor.

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La preocupación del representante Sánchez radica en que los contratos para el cambio de estos medidores terminen en manos de uno de los contratistas que hace parte de la unión temporal del polémico contrato de Emcali.

En este sentido, el congresista explicó que la Creg generó una resolución mediante la cual se va “a hacer una reconversión de los medidores de energía eléctrica habituales que tenemos hoy, a una medición inteligente que busca una eficiencia”.

Y agregó que “de esa conversión hay 72.000 para la ciudad de Cali, pero para Colombia pueden ser más de 10 millones de medidores de energía inteligente.

Sobre eso, con los cuestionamientos y con el entramado de posible corrupción como el que estamos viviendo en mi ciudad, pues hay que generar todas las alertas, porque uno de los contratistas que hace parte de la unión temporal que se quedó con este contrato es un operador muy grande, que también estuvo vinculado con la medición inteligente en Electricaribe, que ya sabemos cómo terminó esto”.

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El representante, además, advirtió por un gasto que ha pasado de agache en este contrato y tiene que ver con $3.344 millones para
‘Gestión comunitaria por transformador intervenido’, sobre el cual no hay detalle y no se explica de qué se trata.

Por esto, para el legislador, “queda la gran duda en que se van a gastar esos $3.344 millones, no sé si es pedagogía, o son volantes porque no es la compra del transformador”.

Sánchez radicó los nuevos hallazgos en la Contraloría. El jefe de esta entidad se comprometió a revisar el caso desde Bogotá, bajo su mando, para evitar un detrimento patrimonial.