La Corte Constitucional considera que la “reducción injustificada del número de personas afrocolombianas” contabilizadas en el censo de 2018 dio lugar a una “invisibilización estadística que vulneró sus derechos fundamentales”, por lo que dio 10 meses para evaluar las causas de esa irregularidad.

De este modo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tendrá que hacer un estudio que evalúe “de manera integral las causas que han dado lugar a errores en la identificación de la población negra del país en los tres últimos censos realizados en vigencia de la Constitución Política de 1991”.

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El fallo del alto tribunal, divulgado este martes, responde a una acción de tutela interpuesta por un grupo de afrocolombianos que denunciaron que el número de personas censadas en 2018 disminuyó en relación con el censo de 2005, al pasar de 4.311.757 personas a 2.982.224, lo que supone una disminución de 30,8 %.

En este sentido, la Sala Primera de Revisión de la Corte explicó que las fallas en la ejecución del censo de 2018 constituyen “un incumplimiento al rol que le corresponde al Estado en la garantía del derecho a la igualdad material”.

La Corte Constitucional consideró en su sentencia que “las omisiones del censo afectan el reconocimiento oficial de las diversidades en la población colombiana y obstruyen el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrocolombianas”.

“Una diversidad de factores y falencias dio lugar a la disminución significativa en el autorreconocimiento étnico de la población afrocolombiana”, indica la sentencia.

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El fallo añade que esas preocupaciones ya habían sido manifestadas y “daban cuenta de la necesidad de una estrategia integral de sensibilización y acceso efectivo a los territorios que respondiera a los desafíos del autorreconocimiento en un país marcado aún por la estigmatización y marginalización de lo negro”.

El DANE admitió las dificultades que enfrentó, como problemas de seguridad en las regiones, desconfianza de la gente al ser censada, falta de capacitación en el personal y fallas en la ejecución misma del proceso censal.

Como parte de la sentencia del alto tribunal, el DANE también tendrá que evaluar y discutir con los pueblos afrocolombianos la viabilidad, riesgos y conveniencia de incluir en la próxima Encuesta de Calidad de Vida un piloto para tratar de mejorar la representatividad.

Por último, también se exhortó al ente estadístico a que continúe con la implementación del enfoque diferencial étnico-racial y deberá concluir el diseño de un Plan Integral de Preparación para el próximo Censo en materia de identificación de dichos pueblos.