La senadora Maritza Martínez radicó un proyecto que busca elevar a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar el Derecho a la Alimentación y a que cada persona esté protegida contra el hambre y la desnutrición.

Dicha iniciativa desea fomentar la Seguridad Alimentaria con la capacidad de estar en condiciones de proveerse alimentos sanos, seguros, suficientes y culturalmente adecuados.

La congresista del partido de la U busca proteger a los colombianos contra el hambre y la desnutrición.

Esta reforma constitucional se ha presentado en  varias ocasiones, pero en ninguna se ha logrado los 8 debates para convertirse en ley, sin embargo, en esta oportunidad la senadora Martínez cuenta con el respaldo de varias bancadas por lo que se vislumbra un tránsito rápido por el legislativo.

Martínez asegura en su exposición de motivos que la pandemia nos ha enseñado a que los sectores más vulnerables son lo que más han sufrido por la crisis.

Es necesario que este Congreso se comprometa a legislar y adoptar medidas vinculantes para el Gobierno Nacional a través de las cuales se adopten políticas, programas y proyectos que le permitan al país superar este flagelo“, señaló.

De acuerdo con el más reciente informe del Estado sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2020), el 8,9% del total de la población global (690 millones de personas) padece hambre, y alrededor del 25,6% del total de la población global (2000 millones de personas, aproximadamente) se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria severa o moderada.

En el mundo la pandemia podría llevar a que entre 83 millones y 132 millones de personas podrían sumarse en  2020 al número de quienes padecen hambre.

Desafortunadamente, aún no se cuentan con cifras oficiales que permitan analizar la magnitud del fenómeno del hambre producto de la pandemia para nuestro país.

Sin embargo, la FAO advierte que el impacto que generará la pandemia se sentirá en mayor medida en países como el Colombia, por lo que es necesario actuar de manera proactiva y contar con los mecanismos que permitan al país establecer una política pública coherente para responder y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Aunque las cifras oficiales disponibles, antes de la Pandemia, (Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2015) no eran para nada halagüeñas y la perspectiva ante la actual coyuntura tiende a empeorar:

El 54.2% de los hogares colombianos no está en condiciones de acceder a alimentos suficientes para que sus integrantes lleven una vida sana (inseguridad alimentaria).

Además, en el caso de los hogares afrodescendientes e indígenas, la situación es más grave, evidenciando que el 68.9% y el 77% de los hogares, respectivamente, se encuentra en estas condiciones de carencia.

El 10.8% de los niños menores de 5 años se encuentran en situación de desnutrición crónica y el 2.3% de los niños menores de 5 años se encuentran en situación de desnutrición aguda.