Noticientro Uno CM& tuvo acceso a un documento en que se fijan las estrategias de lo que será la nueva política de drogas en el país en las cuales se mantiene la penalización de la cocaína, los opiáceos y las drogas sintéticas, al tiempo que se modifica el enfoque, cambiando las prioridades de interdicción del narcotráfico y la forma de prevenir y tratar el consumo adictivo.

La política antidrogas del nuevo gobierno, según el documento conocido por Noticientro Uno CM&, asegura se fomentarán los usos benéficos -industriales, medicinales y alimenticios- de la marihuana, la coca y sus derivados legales. Se potenciará el desarrollo de las agroindustrias de ambas plantas hacia su regulación con un marco legal que privilegie el apoyo a las familias de pequeños productores rurales: indígenas, afros y mestizas.

La nueva política antidrogas del gobierno Petro parte de la prevalencia de los derechos humanos sobre los tratados internacionales; impulsa la participación de las comunidades históricamente afectadas por la prohibición; acoge el acuerdo de paz y las recomendaciones de la comisión de la verdad; no criminaliza a los pequeños productores ni a los consumidores; la política es incluyente con enfoque de salud pública, étnico, de género, ambiental, intersectorial y territorial; las plantas ancestrales tienen carácter sagrados para los pueblos originarios.

Así mismo elimina la aspersión aérea o terrestre de glifosato que atentan contra la vida de las familias campesinas y el medio ambiente, también el levantamiento forzado de las matas. Ambos métodos: fumigación y erradicación, no son efectivos y solo consiguen el desplazamiento de las siembras hacia áreas selváticas más profundas, aumentando así el daño ambiental al planeta y por ende la posibilidad de supervivencia humana.

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Finalmente, en la nueva política la alternativa para las familias rurales dedicadas a economías ilícitas en áreas de protección ambiental o parques nacionales naturales, será la sustitución de tierras: su traslado desde la alta montaña y las áreas selváticas hacia latifundios improductivos en la altillanura, el piedemonte o los valles interandinos, mediante un programa de adecuación de tierras y reforma agraria.

La nueva política antidrogas implementará un enfoque de salud, como una política de prevención y atención de las personas drogodependientes, pasando de la criminalización del consumo, al tratamiento de este como problema de salud pública. Se crearán CAMAD (centros de atención médica a drogodependientes) en las ciudades capitales y de mayor población, con capacidad de desarrollo de atención a los consumidores con enfoque de salud pública y mental.

En todo caso la política antidrogas del nuevo gobierno no buscarás descriminalizara las drogas sino descriminalizar a los campesinos. Para el gobierno Petro existe la necesidad de cambiar los tratados internacionales, uniendo fuerzas con los demás países latinoamericanos afectados por la guerra antidrogas y en conjunto iniciar un diálogo en la ONU entre países productores, países de tránsito y países consumidores para cambiar el actual paradigma de las drogas hacia uno nuevo de regulación global.

Según la nueva política dice el gobierno que al focalizar la guerra antidrogas en los eslabones débiles de la cadena: cultivadores y consumidores, se vulneró y atentó contra los derechos humanos y civiles de estos dos grupos poblacionales. mientras en paralelo se facilitó la impunidad de los eslabones fuertes del negocio ilícito: financiadores, fabricantes, distribuidores y lavadores.