En manos de la Corte Constitucional está el estudio de una tutela en la que una mujer que tiene cuatro meses de embarazo, solicita se le permita practicarse el aborto, dado a que su hijo presenta graves problemas de salud.

La tutelante acudió a la acción judicial, dado a que a la fecha los médicos no han querido realizar la interrupción del embarazo, por considerar que ya se pasó del primer trimestre.

Al respecto la Human Rights Watch emitió un concepto ante el Alto Tribunal en el que afirma que se debe garantizar el derecho de las mujeres a acceder a un aborto después del primer trimestre de embarazo.

El organismo internacional indicó que si bien en 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en los supuestos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea el resultado de violación o incesto, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina, “las mujeres y las niñas” han tenido “serias dificultades para acceder al aborto seguro y legal luego de haber sufrido hechos de violencia sexual, lo cual vulnera sus derechos humanos fundamentales”.

Para ello afirma que “Colombia no debería imponer ninguna restricción al aborto que interfiera de manera irrazonable en el ejercicio de las mujeres de sus derechos humanos” pues a su juicio negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto “constituye una forma de discriminación y atenta contra una variedad de derechos humanos”.

Bajo esa perspectiva, la HRW afirmó que “el cumplimiento de las obligaciones de Colombia en virtud de estos y otros tratados relevantes incluye asegurar que el aborto sea seguro, legal y accesible” por lo que resaltó que “diversos órganos de la ONU han manifestado su preocupación por los efectos perniciosos del aborto inseguro y la persistencia de obstáculos en el acceso al aborto seguro y legal en Colombia al amparo del marco legal vigente”.

“Se ha exhortado a los Estados, incluido Colombia, a facilitar la información pública relativa al acceso al aborto legal, así como también a asegurar que los proveedores de atención de la salud que ofrecen información sobre aborto no sean objeto de sanciones penales”, indicó la ONG internacional.

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