Al fallar una tutela la Corte Constitucional hizo una fuerte advertencia a la Superintendencia Nacional de Salud al recordarle que es urgente adoptar medidas necesarias para que tome sus decisiones en los términos establecidos en la ley, esto es, 10 días hábiles.

El alto tribunal indicó que la ley le asignó varias funciones judiciales a la Supersalud con el objeto de garantizar la efectiva protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud.

La corporación judicial recordó que se debe acudir a dicha superintendencia para resolver conflictos relacionados con «el pago de prestaciones económicas a cargo de las entidades promotoras de salud y el empleador, como es el caso de las incapacidades médicas».

Este pronunciamiento se hizo al estudiar el caso de una trabajadora independiente, quién acudió ante la Superintendencia de Salud para reclamar a la EPS Medimás el pago del dinero correspondiente a 50 días de incapacidad.

La Corte constató que la SuperSalud tardó un mes y 23 días solamente para admitir la demanda, pese a que la ley ordena que debe dictar sentencia de primera instancia en 10 días hábiles. Debido a lo anterior, consideró que era notoria la demora para decidir sobre el asunto, “aspecto que puede impactar sobre los derechos fundamentales de quienes acuden a este medio judicial”.

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