La Defensoría del Pueblo exigió “respeto a las misiones médicas”, ya que por causa del paro armado, éstas no han podido llegar a brindarle atención y tratamiento a los pacientes ubicados en el noroccidente del país.

El pasado miércoles Colombia fue sorprendida por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel‘, la cual causó un aumento de temor y zozobra en la nación, ya que el Clan del Golfo -grupo del cual era líder- declaró un paro armado a partir del jueves 5 de mayo hasta el próximo martes 10 de mayo.

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Durante estos días, el grupo delincuencial prohibió que la ciudadanía transitara por las calles y vías de algunos departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena y Santander; incluso, obligaron el cierre de comercio.

Entre las afectaciones a las que se ha visto vulnerada la ciudadanía está la misión médica, la cual, según indica el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, no han podido recibir medicamentos y tratamientos.

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“Exigimos respeto a las misiones médicas, ambulancias y personal de la salud ante acciones de grupos armados ilegales en el noroccidente del país. Impedir el paso de medicamentos para pacientes que requieren tratamientos vitales, como diálisis, pone en riesgo la vida“, dijo Camargo.

Asimismo, aseveró que las acciones de los grupos armados ilegales en varios departamentos del noroccidente del país, “la vida de cientos de personas con enfermedades crónicas y con tratamientos vitales está en riesgo, y los obliga a enfrentar una carrera contra reloj”.

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“Uno de los laboratorios especializados ya reporta que desde el jueves pasado no ha podido hacer las entregas de los insumos renales para 162 pacientes con diálisis en casa, en el sur de Córdoba, y para el lunes deberían llegar a otros 245 pacientes en el sur del Atlántico”, agregó el defensor del Pueblo.

Finalmente, Camargo alertó que “la vida de estas personas corren peligro si no reciben pronto esos insumos”.

“Las vidas de estas personas corren peligro si no reciben pronto esos insumos, por eso hacemos un llamado a quienes promueven las acciones armadas para que se permita el paso de vehículos de las misiones médicas detenidos en las vías de La Apartada, Sampués y Magangué“, puntualizó Carlos Camargo.

Este sábado, la Iglesia católica y las organizaciones etnicoterritoriales y sociales le exigió al Clan del Golfo observar el Derecho Internacional Humanitario de modo que “cesen inmediatamente las acciones violentas contra la sociedad civil, y que se traducen en afectaciones a los derechos a la vida, la salud física y psicosocial, la educación, el trabajo, la propiedad, la alimentación y la libre movilización”.