El riesgo para las elecciones presidenciales, por la incidencia de grupos armados ilegales, se mantiene. Así quedó establecido en el último Informe de Seguimiento que realizó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo a su Alerta Temprana 004 de 2022 y en el que se reitera que 290 municipios en todo el país están en riesgo alto y extremo.

El informe confirmó que existen 84 municipios tienen indicios de una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia con afectaciones graves a la vida, integridad y seguridad de las personas en las elecciones del 19 de junio.

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En riesgo extremo están 84 municipios de los departamentos de Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).

En riesgo alto se encuentran 206 municipios: Antioquia con 30 municipios, Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11 cada uno), Chocó (10), Norte de Santander (10), Atlántico (9), Córdoba (7) Cesar (7), Huila (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo (4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés (3), Vichada (2), Arauca (2) y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.

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“Para estas elecciones y con los escenarios de riesgo advertidos, desde la Defensoría del Pueblo hemos solicitado que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones. También pedimos que se generen las condiciones de seguridad para la participación ciudadana en los comicios electorales”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En el informe de la Defensoría del Pueblo también se recomienda activar mecanismos de investigación y verificación por denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos y campañas electorales, y garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al sufragio de manera libre en zonas rurales. Además, vigilar y monitorear el normal desarrollo de las elecciones para que se garantice la libre participación.

Finalmente, Carlos Camargo recordó que la Defensoría del Pueblo tiene desplegada toda su capacidad institucional, a través de sus 42 regionales, para brindar el acompañamiento necesario a las comunidades y lograr la garantía de sus derechos.