A una audiencia pública citó para el próximo 29 de noviembre la Corte Constitucional tanto al Gobierno nacional como a las diferentes instituciones del país y a organizaciones nacionales e internacionales para analizar los avances que se hayan logrado en temas relacionados con el desplazamiento forzado que se originó en varias regiones del país como consecuencia del conflicto armado.

La citación se da dentro de la revisión que realiza ese alto tribunal a la sentencia que en 2.004 declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado en Colombia. No obstante, dentro de los informes que diferentes instituciones, entidades y ONG’s enviaron a la Corte Constitucional, esa corporación judicial advirtió que si bien ya los desplazamientos forzados en el país si han disminuido, los desplazamientos masivos están en aumento.

Afirmó que, “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia”.

Señaló la corporación judicial que el Gobierno nacional deberá “demostrar la garantía efectiva de los derechos de un alto porcentaje de la población desplazada” pues pone en evidencia que los informes allegados a la Corte por parte de la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; la Contraloría General de la República; la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2.011 (CSMLV); la sociedad civil; y las oficinas de los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos, advierten sobres “graves vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se encuentran reflejadas en emergencias humanitarias como los desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad, desplazamientos intraurbanos y asesinato a líderes y lideresas”.

Indicó la Corte que durante el período (2.015 – 2.018), “el desplazamiento forzado disminuyó en términos globales, pero los desplazamientos masivos registran un aumento constate” y resaltó que la Defensoría ha insistido “en advertir que los territorios y comunidades históricamente afectados por el conflicto armado y la violencia, actualmente presentan situaciones de revictimización, especialmente debido a nuevos desplazamientos; restricciones a la movilidad; o imposibilidad de retornar o reubicarse”.

“Desde 2.015, la Defensoría del Pueblo registra las siguientes vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario: (I) combates con interposición de la población civil (i.e. Litoral San Juan-Chocó); (II) ocupación de bienes de la población civil y de las comunidades, así como fuertes controles sobre las actividades cotidianas (i.e. Mosquera-Nariño); (III) uso de artefactos explosivos e instalación extendida de MAP y MUSE por el ELN y las AGC, especialmente en territorios étnicos y caminos comunitarios, lo cual agudizó las situaciones de confinamiento y el riesgo de desplazamiento (i.e. Riosucio-Chocó); (IV) homicidios selectivos de la población civil de las comunidades en zonas de confrontación y disputa, particularmente de líderes y lideresas; (V) retenes ilegales y controles fluviales, lo cual generó situaciones de confinamiento y riesgo en la seguridad alimentaria de las comunidades (i.e. Baudóes-Chocó); (VI) secuestros (i.e. Roberto Payán-Nariño); (VII) controles sociales, concretamente en centros poblados, con el propósito de regular y determinar el flujo de la población; y (VIII) reclutamiento de menores de edad. Defensoría del Pueblo”, manifiesta el alto tribunal.

Agregó la Corte que el examen previo hecho hasta el momento “evidenció que en materia de prevención y protección, vivienda rural, retornos y reubicaciones, y los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el nivel de cumplimiento era bajo”.

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