Los 20 años de búsqueda para dar con el paradero de José Antonio Quesada Alián llegaron a su fin, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP lo encontrara en el cementerio de Dabeiba.

Este sábado, la JEP le entregó a su pareja, hijos, padre y hermanos, los restos del cuerpo que fue recuperado en la jornada de exhumación que la Jurisdicción ordenó en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, entre el 16 y 22 de febrero de 2020.

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Tras décadas de incertidumbre e incansable búsqueda, su familia hoy tiene certeza sobre lo que sucedió en 2002, cuando la víctima salió de Frontino en busca de una mejor opción laboral.

Su identificación fue posible gracias a la ruta que se activó tras la recuperación del cuerpo y la jornada de toma de muestras de ADN que la Sala de Reconocimiento de Verdad ordenó en esta misma zona del país con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal.

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La identificación fue posible gracias al proceso de contrastación en terreno de los aportes a la verdad que han entregado miembros de la fuerza pública dentro del caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, así como el caso 04 que investiga la situación territorial de Urabá.

A la fecha, solo en el subcaso Dabeiba, 29 miembros de la fuerza pública, incluidos comandantes de batallones y brigadas, han entregado versión sobre hechos ocurridos en este municipio de Antioquia.

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Fue a partir de estos testimonios que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) intervenir los puntos de interés forense que fueron señalados por los comparecientes.

En la fosa número 15, el equipo de expertos profesionales encontró el cuerpo de José Antonio.

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De acuerdo con el informe pericial, allí fue encontrada la víctima, en un enterramiento múltiple ilegal junto con al menos cinco personas más, que están en proceso de identificación.

Los cuerpos fueron hallados en bolsas negras y amarrados. Estas características, que no coinciden con los rituales propios del cortejo fúnebre, le permitieron a la magistratura corroborar los aportes a la verdad de los comparecientes en relación con  la comisión de crímenes de lesa humanidad.