El Consejo de Estado ratificó que la Policía deberá pagarle más de 450 millones de pesos a una empresa que cultiva palma de aceite, por ser la responsable de la pérdida de más de 8 mil unidades de la planta durante una jornada de asperción con glifosato que se adelantó en Tumaco, Nariño, en 2011.

Una vez realizada la fumigación, la sociedad comercial afectada escaló una demanda para que la Policía le concediera una compensación por la destrucción de sus cultivos. La Policía justificó la actividad afirmando que en el lugar había sembradas varias plantas de coca, lo que impedía conceder el resarcimiento.

La empresa accionante interpuso la demanda a raíz de esas afirmaciones de la entidad demandada, solicitando la nulidad de los actos administrativos respectivos y una reparación económica por la pérdida descrita.

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En primera instancia, el Tribunal Administrativo accedió a las pretensiones y allí determino que, además de haberse demostrado que no había cultivos ilícitos en el lugar, se comprobó que en este proceso se violó el derecho a la defensa a la empresa palmera.

Dado que la decisión fue apelada por la Policía, la cual buscaba negar las pretensiones de la demanda y que estaba a la expectativa de que se le reconocieran algunos perjuicios desestimados por el Tribunal, el consejo emitió un fallo de segunda instancia.

Allí, el Consejo concluye que, cuando se adelantó la visita de verificación sobre el área asperjada, no se le permitió a la empresa palmera acreditar la inexistencia de plantas de coca; también se desconoció la visita que realizó la oficina de Desarrollo Rural del Medio Ambiente ‘Umata’ de Tumaco, que iba a verificar la inexistencia de plantas de coca en la zona de aspersión.