El juez 53 de control de garantías de Bogotá, Paul Santander, no sólo dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario de máxima seguridad contra el condenado contratista, Emilio Tapia, acusado de ser el ‘cerebro en la sombra‘ de la Unión Temporal Centros Poblados que presentó documentos falsos para quedarse con el contrato por un billón de pesos para la conectividad de las escuelas rurales.

También envió a la cárcel a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y a Juan José Laverde, encargado de conseguir las pólizas falsas a través de la empresa de seguros Rave.

 

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El señor Laverde se dejó instrumentalizar del señor Tapia, ¿quién nos dice que el señor Laverde no va a acudir a afectar testigos? Parece que el señor Duque se encontró con Tapia y se dejó instrumentalizar (…) No puedo decir que tengan el mismo peligro que el señor Tapia pero se dejaron instrumentalizar“, advirtió el juez.

Está claro que el señor Tapia de verdad es un peligro, refleja un peligro, tanto así que se perdieron 70 mil millones. Y qué decir de los otros procesos en los que ha estado involucrado“, puntualizó el juez.

La Procuraduría respaldó la petición de cárcel y advirtió de una potencial obstrucción del proceso por amenazas y eliminación de pruebas.

 

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Se detalla la información de borrado de algunos celulares, el ofrecimiento de asumir los costos de defensa de quienes asumieran plena responsabilidad y ante la negativa se llegó incluso a amenazarlos en su integridad física y la de su familia“, advirtió el procurador delegado Miguel Carvajal.

El juez compulsó copias para que se investigue a Adriana Meza Consuegra, exsecretaria general del Ministerio de las TIC y a Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual, por su presunta participación en estas irregularidades.

Eran quienes debían supuestamente vigilar la garantía de seriedad que se aportaba al proceso en principio. Si se hubieran dado cuenta que esta garantía era falsa nunca hubiera habido anticipo“, agregó el juez.