A raíz del polémico contrato suscrito entre Emcali y el consorcio AMI, la Procuraduría inició con la indagación sobre los procesos contractuales de la administración distrital, encontrando que el 57% de los contratos celebrados por la Alcaldía se hicieron de manera directa entre el 2020 y 2022.

“Dentro de la vigencia 2020 – 2022 vemos un incremento importante en la contratación directa; son más de 2.8 billones de pesos: más de 54 mil contratos suscritos”, expone Gabriel del Toro, procurador delegado para la Función Pública. “En este momento estamos realizando una actuación preventiva; eso no obsta para que se inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar”, añade.

El ministerio público también hizo otra advertencia por la vigencia del 2021 cuando hubo un 78% de contratación directa por $1.5 billones.

“Suscribió un total de 27044 contratos de los cuales… 94% destinados a satisfacer en el distrito, la mayoría de la contratación de 2021 contratación directa debería ser excepcional en el estatuto de contratación”, añade del Toro.

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Durante la audiencia, que realiza el organismo de control, algunos concejales hicieron sus reparos a la administración mientras que el sindicato de la empresa de servicios públicos se declaró en asamblea permanente e impidió el acceso del gerente encargado Fulvio Soto a su despacho.

“Qué ha pasado con las investigaciones, contratación en movilidad por 40 mil millones ahí hay un gran negocio”, cuestiona Roberto Ortiz, Concejal de Cali.

“Exigimos de manera inmediata la renuncia al interior de las empresas municipales de Cali”, solicita David Vargas, presidente de SintraEmcali.

Hacia las 3 de la tarde, la Procuraduría realizará una mesa de seguimiento con la Alcaldía de Cali para que se entregue el informe preventivo sobre riesgos contractuales.