La Superintendencia de Industria y Comercio impuso a Claro una sanción por la suma de $285.000.000, debido a que pese a haber accedido a las pretensiones de sus usuarios, terminó por desconocer esa voluntad inicial y, por ende, no materializó ni cumplió lo decidido en favor de esos usuarios; desconociendo el derecho que le asiste a los usuarios de que sus peticiones, quejas y reclamos -PQR- sean atendidos y resueltos de manera definitiva.

La entidad advirtió que los usuarios habrían obtenido respuestas favorables de Claro a sus solicitudes. Sin embargo, el prestador del servicio optó por desconocer esa decisión inicial, en detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus PQR realmente fueran solucionadas.

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Así, en la investigación adelantada por la Delegatura para la Protección del Consumidor, se pudo comprobar que en las denuncias presentadas, el operador sancionado incurrió en la omisión al deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas, ya que no materializó de manera integral ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios.