Muere otro policía tras el ataque a una comisión de restitución de tierras en Tuluá

Richard Steven Valdés Anacona de 31 años, se convirtió en la segunda víctima mortal tras el ataque a una comisión de restitución de tierra en Tuluá.

Este viernes, un Escuadrón Móvil de Carabineros fue emboscado por grupos armados al margen de la ley, durante una diligencia judicial del proceso de restitución de tierras.

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De acuerdo con el brigadier general Jesús Alejandro Barrera, director de la Dirección de Carabineros y de la Seguridad Rural de la Policía Nacional, el hecho ocurrió sobre las 2:40 de la tarde en el corregimiento de San Rafael en Tuluá, donde hombres atacaron con explosivos y ráfagas de fusil a los uniformados cuando regresaban a la cabecera municipal.

Los miembros de la fuerza pública, brindaban apoyo y cumplimiento a la solicitud de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras despojadas del territorio del Valle. Este acto, dejó en su momento, un policía muerto y ocho heridos, de ellos, uno de gravedad, el patrullero Richard Valdés.

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Sin embargo, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas informó que Valdés “luchó 15 horas por su vida”, pero, lamentablemente falleció este sábado.

“Dos familias y la Policía Nacional de luto, dos vidas apagadas: nuestros patrulleros de Carabineros, Ricardo Álvarez y Richard Valdés, este último quien lucho 15 horas por su vida. Héroes vilmente asesinados tras ataque criminal con explosivos y disparos de fusil en Tuluá, Valle”, indicó Vargas.

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Según informa el alto funcionario de la Policía, Valdés llevaba en la institución ocho años y dejó “huérfano a un bebé de cuatro meses de nacido”.

El Pt. Valdés, caleño de 31 años (8 en la institución) deja huérfano a un bebé de solo 4 meses de nacido, mientras que en el hogar del Pt. Álvarez, palmireño de 27 años (9 sirviendo a la patria) queda un enorme vacío. Solidaridad con sus familias, comandantes, compañeros y amigos

— General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) July 24, 2021

Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta $100 millones para identificar y dar captura a los responsables.