El Consejo de Estado decidió que la Nación no deberá reparar los daños que sufrió el cabo segundo del Ejército, Saen Puentes Castallenos, por la privación de su libertad luego de que la Fiscalía archivara a su favor un proceso por una ejecución extrajudicial o ‘falso positivo’.

El exuniformado y sus familiares interpusieron una demanda que pretendía una indemnización por la detención que consideraron injusta y por la posterior preclusión del proceso que cursaba en su contra por un homicidio en persona protegida ocurrido en el año 2006 en Santa Bárbara, Antioquia.

 

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La demanda alegó una falla en el servicio de parte de la Fiscalía. Pero el Consejo de Estado conceptuó que “al momento de dictarse la medida de aseguramiento existían indicios graves sobre la responsabilidad del imputado. Ello implica que la medida tuvo sustento en testimonios que fueron contrastados con prueba documental, lo que conduce a desestimar que la privación de la libertad que sufrió el militar (r) fue injusta”.