La Corte Constitucional conminó a la Presidencia a garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina luego de los daños que ocasionó el paso del huracán Iota por las islas.

El pasado 2 de junio, la Sala de Revisión de Tutelas del Alto Tribunal, integrada por los magistrados José Fernando Reyes, Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, emitió un Auto en el marco de un proceso de tutela interpuesta por la comunidad raizal, con el apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y algunas organizaciones de la sociedad civil.

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En este ordenó adoptar medidas provisionales en el marco del proceso de tutela interpuesto por Josefina Huffington Archbold contra la Presidencia de la República y otros, para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal luego del paso de Iota.

El Auto consagra como primera medida que el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (UNGRD) identifiquen cada una de las viviendas del Archipiélago que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y que en un plazo no mayor a 20 días, se realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas, garantizando un sistema de saneamiento básico funcional así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente, explicó María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.

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Como segunda medida, el Auto ordena a la UNGRD enviar información completa y detallada sobre los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán, así como también los avances en la reconstrucción de hoteles, restaurantes, establecimientos de comercio, infraestructura de acueducto y alcantarillado y el hospital.

A la fecha no existen cifras contundentes y cronogramas públicos que permitan a la comunidad raizal conocer con exactitud el proceso de reconstrucción del Archipiélago y hacer veeduría al mismo, señaló la directora del GAP.

Asimismo, la Corte ordena la vinculación de la Agencia Nacional de Tierras con el objetivo de que informe sobre las gestiones que se han realizado en el municipio de Providencia y Santa Catalina desde el 14 de noviembre de 2020 hasta la actualidad, para adelantar un posible proceso y reconocer a los mencionados municipios como propiedad colectiva de la comunidad raizal.