Por masacre de La Cabuya en Arauca, el Estado debe pagar más de $7 mil millones
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El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar 7.700 millones de pesos, por su responsabilidad en el desplazamiento forzado de los habitantes del caserío La Cabuya, municipio de Tame, Arauca.
Los habitantes se vieron forzados a huir tras la masacre de siete personas, ocurrida hace 24 años, y en la que participaron algunos uniformados.
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Según el comunicado, el Ministerio deberá hacer el pago de 50 salarios mínimos vigentes a las víctimas por los daños sufridos, que son alrededor de 154 personas a las que deben reparar.
Responsabilidad del Ejército Nacional
El Consejo de Estado aseguró que se probó la participación de militares en la ejecución de los hechos, pues se pudo confirmar que varios uniformados colaboraron con integrantes de grupos armados al margen de la ley para perpetrar la masacre.
El comunicado asegura que en previa concertación con las víctimas, se acordó que el Ejército debe construir un monumento “en un sitio de amplia visibilidad del caserío, La Cabuya, que contenga la inscripción: EN MEMORIA, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 1998, PARA QUE LAS GENERACIONES POSTERIORES NO SUFRAN LAS TRAGEDIAS DE OTRA EDAD”, se afirmó en el comunicado.
Los hechos
Según el comunicado, la demanda relata que lo ocurrido tuvo su origen en la detención que sufrió un miembro de la comunidad a manos de miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 25 “Héroes de Paya”, que lo consideraban sospechoso de recaudar extorsiones para la guerrilla.
Según la parte actora, esta persona, con aquiescencia de las autoridades y la comunidad, recaudaba contribuciones voluntarias a los conductores de los vehículos que pasaban por el sector.
Sin embargo, los militares interpretaron esa actuación como una acción extorsiva a favor de la insurgencia, y de ahí su detención.
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El hombre fue dejado en libertad y unos días después, el 19 de noviembre de 1998, fue asesinado, convirtiéndose en una de las siete víctimas que dejó la masacre, perpetrada por integrantes de grupos armados ilegales.
Posteriormente, los responsables de estos hechos amenazaron a los habitantes del caserío, para persuadirlos de la necesidad de abandonar el lugar, generando así el desplazamiento forzado de las familias demandantes.
Según la parte actora, la acción fue perpetrada en forma conjunta por militares y paramilitares y obligó a las víctimas a refugiarse inicialmente en Tame y posteriormente en diversos lugares del país, ante la imposibilidad de retornar a La Cabuya.