Hay polémica por una presunta falta de competencias de la Procuraduría General para restringir los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente.

Varios expertos han advertido que con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos autoridades administrativas como la Procuraduría no pueden suspender, inhabilitar ni destituir a alcaldes, gobernadores y en general a políticos de elección popular, pues dicha competencia es exclusiva de los jueces.

Pero la procuradora Margarita Cabello salió en defensa de la suspensión que ordenó contra los alcaldes de Medellín y de Ibagué, Daniel Quintero y Andrés Hurtado, asegurando que, hoy por hoy, la faculta la reforma al Código Disciplinario o Ley 2094 aprobada a mediados de 2021.

Según Cabello, sus suspensiones se ampararon en dicha reforma que le dio facultades de juez o jurisdiccionales a su entidad.

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“Dejar sin investigación disciplinaria a los funcionarios públicos de elección popular, y sólo con la posibilidad de investigación por delitos, es muy delicado y es muy peligroso. No todos los delitos son  infracciones disciplinarias ni todas las infracciones son delitos”, advirtió Cabello.

“La competencia de la Procuraduría está Dada hoy en la Constitución y por el legislador que le dió esa función jurisdiccional para cumplir con los presupuestos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Sonia Téllez, procuradora delegada para la vigilancia administrativa.

En la Corte Constitucional cursan varias demandas que piden tumbar esas facultades de juez otorgadas a la Procuraduría por incumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Soy respetuosa, dejaremos, respetaremos y acataremos lo que la Corte Constitucional determine sobre la función jurisdiccional que es la que se está discutiendo en la Corte. Pero mientras las reglas estén vigentes en un Código Disciplinario la Procuraduría tiene que hacerlas cumplir, y lo hará, de manera objetiva”, agregó Cabello.