El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez afirmó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra el Estado colombiano puede llevar a realizar ajustes normativos que jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente.

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Colombia debe acogerse al plazo que concede la Corte IDH en el numeral 8 de la sentencia que indica: “el Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los plazos establecidos en la presente sentencia”, lo que implica que se deberá presentar a ese tribunal un informe sobre el cumplimiento de esta decisión.

Advirtió que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la PGN.

Carrillo no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.

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