La Corte Constitucional está en plena revisión de los decretos de emergencia por el coronavirus, incluido el 546 que corresponde a las detenciones domiciliarias para personas privadas de la libertad que reúnan ciertos requisitos de edad o estado de salud, como una medida transitoria para contener el virus en las cárceles.

Sobre ese decreto, que rige mientras dure la emergencia por la epidemia, se pronunció este martes el procurador Fernando Carrillo ante la Corte Constitucional.

En un concepto de 50 hojas, Carrillo pide que se declare exequible una parte y se condicione otra.

Básicamente, el procurador considera que se trata de un decreto discriminatorio por la cantidad de personas privadas de la libertad que quedaron excluidas de este beneficio.

Advierte que, según cifras del Inpec, en los establecimientos penitenciaros permanecen indebidamente 1.565 personas que ya cumplieron su condena y 13.742 en situación de sindicados desde hace más de un año sin que haya iniciado un juicio en su contra.

Asegura el procurador que es inaceptable desde todo punto de vista que estas personas continúen privadas de la libertad.