La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones de pesos.

El órgano de control investigó presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por $500 millones de pesos, 02 de 2020 por $350 millones de pesos, 03 de 2020 por $300 millones de pesos, y 04 de 2020 por $442.340.500.

Así mismo, un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del covid-19, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.

La medida cautelar de la Procuraduría se tomó para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos.

Para el órgano de control la inactividad del alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que la permanencia del funcionario advertiría la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia.

El ente de control consideró que estas presuntas irregularidades permitían inferir que, aunque el alcalde advirtió que no contrataría más, si se tratasen de otros procesos y otras contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que supera los $100.000 millones y la contratación pública es una actividad permanente, que no depende de la voluntad de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y de los ciudadanos.