El fallo de la Corte Constitucional que protege a tres vendedores ambulantes de Bucaramanga, que tienen en común haber sido desalojados de los espacios públicos en los que llevaban trabajando durante 8 años, advierte que la Alcaldía vulneró sus derechos al trabajo y a la confianza legítima.

Por orden de la Corte, la Alcaldía no podrá impedir que trabajen en el sitio en el que habitualmente lo venían haciendo.

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“El municipio de Bucaramanga siempre ha sido respetuoso de los fallos judiciales. Trabajamos para brindar las alternativas correspondientes”, advirtió Manuel José Torres, director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP.

La Corte advierte que la obligación del Estado de velar por el espacio público tiene límites “en los derechos de las personas que, amparadas en el principio de buena fe, se han dedicado a las actividades informales en esas zonas”.