09/11/2017

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación que presentó la defensa del exfiscal antinarcóticos, Camilo Bula Galeano, en contra de la condena de 18 años proferida en su contra por el manejo irregular de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

La Corporación Judicial con ponencia de la magistrada Patricia Salazar tomó la decisión al considerar que contrario a lo manifestado por la defensa de Bula no se vulneró el debido proceso.

A Bula el Tribunal Superior de Bogotá le había aumentado la pena de 8 a 18 años de prisión por considerar que “no era merecedor de la rebaja de pena en un 50%, sino que, conforme al momento de la aceptación de cargos, la disminución no podía superar la tercera parte de la sanción. Además, destaca, el a quo dosificó erróneamente la pena en el primer cuarto de movilidad, pasando por alto las circunstancias genéricas de mayor punibilidad imputadas, por lo que individualizó la sanción en los cuartos medios”.
 
Según la investigación Bula “transfirió la propiedad de múltiples bienes con desconocimiento de las exigencias previstas en el Manual de Procedimientos para la Enajenación de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, acudiendo también a avalúos fraudulentos que conllevaron a la adjudicación de inmuebles, mediante ventas y subastas públicas, por cifras excesivamente menores a las del valor comercial”.

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Las pruebas aportadas durante la investigación señalan que Bula quien era el encargado de la liquidación de los bienes incautados por la DNE “se apropió indebidamente de recursos públicos a favor de terceros por un total de $31.550’462.986, a la vez que obtuvo provecho para sí en $327’000.000”.
 
Bula fue condenado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, peculado por apropiación y fraude procesal.

Copias para que se investigue presunto cartel de principios de oportunidad

Dentro de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, se pone en evidencia una grave denuncia que llegó al despacho de la magistrada Patricia Salazar, en la que se advierte sobre un grave escándalo de corrupción al interior de la Dirección Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos.

Por esta razón la magistrada compulsó copias al Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, para que investigue presuntos actos de corrupción “en la unidad de fiscalía encargada de investigar actos de corrupción sucedidos al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes”.

Concretamente se habla en la sentencia de lo que sería un “cartel de los principios de oportunidad, integrado por funcionarios que han aplicado tal figura a cambio de gruesas sumas de dinero, sin exigencias de reparación y devolución de bienes como condición para renunciar a la persecución penal”.

Paola Santofimio – CM&