Contratos ficticios con sumas infladas y primas de silencio a sus ejecutivos, fue el método que utilizaron los españoles que tenían el control de la comercialización del agua en Santa Marta y Barranquilla, para quedarse con el dinero que el gobierno les daba para que prestaran el servicio al público.

Ramón Navarro es de nacionalidad colombiana, exgerente de Triple A la empresa que maneja el agua en Barranquilla y de la que el grupo español Inassa es dueña del 82.16 %. Él es uno de los 12 exdirectivos y actuales funcionarios de la compañía llamados por la Fiscalía para desmantelar la red del desangre de los recursos de la capital del Atlántico.

“Acepto los cargos señoría”, respondió Navarro.

El sindicato de la Triple A advirtió que, a su salida de la empresa, a Navarro se le canceló una prima de silencio por 46 millones de pesos.

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Evaristo indicó que Navarro “trabajó hasta diciembre del año 2016 y le hicieron un contrato de protección de conocimiento por seis meses por un valor de 46 millones, entró después la señora Julia Serrano la cual duró aproximadamente como tres meses trabajando, después duró como dos meses más sin trabajar y le pagaron un sueldo por el orden de 35 millones de pesos”.

En la audiencia de su captura, la Fiscalía lo acusó de ordenar la firma de cuatro contratos ficticios y 54 facturas falsas para obtener dinero que llegó a sus bolsillos y a las arcas de Inassa, filial de Canal Isabel II, empresa del agua de la Comunidad de Madrid.

Navarro era el contacto de Edmundo Rodríguez Sobrino, capturado en España por el desfalco quien fue grabado en Cartagena con tulas de dinero ingresando a la casa de un paramilitar.

“Los cuatro contratos fueron suscritos por Diego García Arias como gerente de Inassa y Juan Acosta por Triple A, previa imposición de Edmundo Rodríguez Sobrino y Ramón Navarro Pereira, el mismo día en el año 2015, pero con fecha de 2014 con un objeto inexistente y con el objeto de apropiarse para Inassa de recursos de Triple A S.A.”, afirmó el fiscal.

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Navarro y otros directivos colombianos y españoles, usaron los servicios de personal de seguridad de Triple para transportar el dinero y moverlo por Panamá y España.

El fiscal agregó que “desde los bancos hasta las instalaciones de la empresa para ser guardados en cajas fuertes de la entidad y posteriormente allí los entregaban a Ramón Navarro”.

La Fiscalía también investiga si el actual presidente ejecutivo de Inassa en Colombia Alberto Muiguiro firmó un contrato por 96 millones de pesos mensuales, y si Javier Malia exgerente de Inassa, entregó contratos millonarios entre 2001 y 2003 a cambio de comisiones.