Un llamado urgente hizo la Corte Suprema al Congreso y al Ministerio de Justicia para que adopten las medidas que sean necesarias para garantizarles el derecho a la defensa a las personas con discapacidad mental o intelectual. La solicitud fue hecha al resolver un proceso contra un hombre que fue condenado por actos sexuales con menor de 14 años. La Corte encontró que esta persona padece síndrome demencial con graves problemas de comprensión; había sido condenado a 14 años.

La Corte, al revisar la sentencia, anuló el caso invocando el derecho a la defensa de los incapacitados mentales.