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La Corte Constitucional debate sobre la reforma a la Procuraduría.

Esa ley creó 1200 nuevos cargos y le dio facultades de juez a la entidad que dirige Margarita Cabello Blanco. La Corte deberá determinar si las facultades de juez a la Procuraduría cumplen o no con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, que ordenó el exprocurador Alejandro Ordóñez.

La Corte, como se sabe, falló contra esa resolución y sostuvo que la Procuraduría no puede destituir a funcionarios designados en elección popular. El debate en la Corte Constitucional lleva meses trabado, pues la Procuraduría no ha enviado un concepto que la Corte le pidió desde el mes de diciembre; es un concepto que deben enviar por ley.

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El pasado 3 de febrero, la doctora Margarita Cabello se declaró impedida; el 31 de marzo, también se declaró impedido su viceprocurador Silvano Gómez. La procuradora nombró el 31 de mayo al procurador delegado Juan Sebastián Vega para que hiciera el concepto y también se declaró impedido un mes después, el 5 de julio.

Hoy, la Corte no aceptó sus razones de impedimento y acaba de hacerle un llamado de atención a la Procuraduría. Dice la Corte que si llegaran a aceptar el último impedimento, «no quedaría otra opción que admitir que todos los funcionarios de la Procuraduría están impedidos para rendir concepto en este caso».

Después de este pronunciamiento, a la Procuraduría no le queda otro camino que enviar el concepto que le pide la Corte.

En el Gobierno, que es partidario de reformar radicalmente la Procuraduría, creen que los meses que se han tardado forman parte de una estrategia dilatoria. Amanecerá…