Un tribunal peruano condenó a cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) al exfiscal general de Perú Pedro Chávarry por haber intentado impedir las investigaciones del equipo especial que sigue el caso Odebrecht en Perú, a cuyos principales encargados destituyó a fines de 2018.

La decisión fue tomada por el juez Hugo Nuñez, quien encontró a Chávarry culpable del delito de encubrimiento real y también ordenó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 4 años y el pago de una reparación civil de 100.000 soles (24.390 dólares).

 

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El juez señaló que está probado que Chávarry intentó entorpecer las investigaciones del equipo especial Lava Jato para favorecer los intereses del partido político Fuerza Popular, que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Chávarry renunció al cargo de fiscal general el 7 de enero de 2019, en medio de grandes manifestaciones ciudadanas en su contra, pero se mantuvo como fiscal supremo hasta el 28 de agosto de 2020, cuando fue suspendido durante 18 meses por el Poder Judicial para que dejara de contar con protección legal.

 

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En su acusación, la fiscal Bersabeth Revilla aseguró que el exfiscal buscó “dificultar el acopio de medios probatorios en las investigaciones a cargo del equipo especial en el caso Odebrecht, con la finalidad de sustraer de las investigaciones fiscales en curso a miembros del partido político Fuerza Popular“.

Revilla recordó que el exmagistrado exigió información al equipo especial sobre el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, a pesar de que este era reservado, y luego removió de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en medio de un enfrentamiento público.

 

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Chávarry destituyó el 31 de diciembre de 2018 a Vela, el jefe del equipo especial, y al fiscal Pérez, el encargado de casos de gran impacto como el que se sigue contra Fujimori y su partido por la presunta financiación de sus campañas electorales con fondos ilícitos, entre ellos de la empresa Odebrecht.

El entonces fiscal general, quien también ha sido vinculado con una red de corrupción en la Judicatura conocida como “Los cuellos blancos del puerto“, argumentó en ese momento que los fiscales habían vulnerado el principio de jerarquía en el Ministerio Público, al haber cuestionado su permanencia en el cargo.