La caída de la abogada barranquillera Karen Abudinen, que asumió como ministra de las Tecnologías en mayo de 2020, inició cuando el pasado junio investigaciones periodísticas dejaron al descubierto que su Ministerio adjudicó un contrato por más de un billón de pesos a Centros Poblados, unión temporal que presentó certificados bancarios falsos.

El contrato, que tenía como propósito conectar a Internet a más de 7 mil colegios de las zonas rurales del país, no sólo presentó graves atrasos en el cronograma. También quedó al descubierto que la interventoría le aprobó un anticipo de 70 mil millones de pesos supuestamente sin percatarse de que algo olía mal.

 

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El 25 de junio, con el escándalo respirándole en la nuca, el Ministerio denunció penalmente al contratista y el 13 de agosto ordenó la caducidad del contrato por la gravedad del asunto, pues también trascendió que personajes involucrados en el escándalo de corrupción del ‘Carrusel de la Contratación‘ tenían vínculo con una de las empresas integrantes de Centros Poblados.

El 3 de septiembre la ministra afrontó un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes por este escándalo. Allí había dicho que no renunciaría pues “han cuestionado mi nombre, me han faltado el respeto, bodegas en redes han hecho todo su trabajo de matoneo contra mí y aquí estoy“.

 

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Tres funcionarios cercanos a la ministra, que participaron en la suscripción del contrato ya se han ido del MinTIC.

Primero fue Camilo Jiménez, funcionario del viceministerio de conectividad. Esta semana renunciaron la considerada mano derecha de Abudinen, Adriana Meza, secretaria general del Ministerio, y la subdirectora de gestión contractual Sandra Orjuela.

Este jueves se conoció que el presidente de la República le pidió renunciar.