Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de extinción de dominio de bienes de propiedad del grupo Nule en Estados Unidos que ascenderían a $6.000 millones, dentro del proceso adelantado por el  “carrusel de Bogotá”.

Un juez especializado en extinción de dominio de Bogotá legalizó las medidas cautelares a los bienes vinculados a los hermanos Miguel Eduardo Nule, Manuel Francisco Nule y su primo Guido Alberto Nule, ubicados en Florida (Estados Unidos). La decisión afecta dos inmuebles que, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores son equivalentes a dineros que ilegalmente se apropiaron con los contratos del “carrusel de la contratación de Bogotá”.

Bienes afectados

Los investigadores de la Fiscalía obtuvieron la afectación de dos bienes:

  1. Un apartamento con estacionamiento y garaje ubicado en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida, que tendría un valor de un millón de dólares, cuya propiedad formal se encuentra a nombre de Rina Cecilia Mendoza, quien sería la cónyuge de Miguel Eduardo Nule.
  2. Un apartamento con estacionamiento y garaje ubicado en el Country Club Drive en el condado de Miami-Dade, valorado en un millón de dólares, de propiedad de los esposos Guido Alberto Nule y Adriana Mancini Posada.

El juez acogió los argumentos de la Fiscalía en el sentido que: “el proceso de extinción de dominio cuenta con elementos de juicio para establecer con probabilidad que los miembros de la familia Nule ejecutaron actividades ilícitas y que al parecer se apropiaron de recursos públicos que les permitieron adquirir bienes que por lo tanto tienen un origen ilícito, o que representan un valor equivalente a bienes producto directo o indirecto de esa actividad ilícita”, señala la decisión.

Fiscalía incauta bienes de Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU

Las acciones judiciales para recuperar los dineros ilegalmente apropiados por involucrados en el “carrusel de la contratación” de Bogotá, también se realizaron en Colombia.

La Fiscalía también logró la incautación con fines de extinción de dominio de seis bienes que pertenecerían al exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, condenado a siete años y medio de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

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