Tras determinar que el proceso de reconstrucción integral de las islas de Providencia y Santa Catalina no ha terminado y está lejos de hacerlo, la Corte Constitucional decidió por adoptar varias medidas y soluciones judiciales para garantizar los derechos de sus pobladores.

El órgano constitucional profirió una serie de órdenes con el fin de garantizar el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la vivienda digna, salud, agua potable y saneamiento básico del pueblo raizal que habitan en ambas islas.

La Corte dijo que la decisión se determinó tras estudiar una tutela que presentó Josefina Hiffington Archbold, en representación del pueblo raizal, en la que denunció que varias entidades del gobierno “habían vulnerado los derechos de los habitantes de estas dos islas durante la planeación y ejecución del plan de acción específico para su reconstrucción integral”.

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Hiffington Archbold mencionó en su mecanismo legal de protección que la Presidencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los Ministerios del Interior y Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, violaron la reivindicación de los derechos del pueblo raizal que quedó seriamente afectado tras el paso del huracán Iota en 2020. 

La Corte comprobó que el Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico.