En comunicado público que acaba de dar a conocer, la electa senadora Piedad Córdoba dice que ha visitado a su hermano Álvaro en La Picota y que acepta la suspensión que le impuso el Pacto Histórico para que se abstenga de participar en la campaña de Gustavo Petro. 

“Nada más lejano a mi interés que ser usada como excusa de los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral”, indicó Córdoba.

“Solicito que mi complacencia tenga plena publicidad, siendo abierta al público y a los medios de información que han pretendido por enésima ocasión enlodar mi buen nombre y cercenar mi derecho a hacer política”, dijo.

Afirmó que se mantiene como parte del Pacto Histórico y reiteró su disposición de acudir a la Comisión de Ética del Pacto Histórico a ejercer su derecho a la defensa, tal como lo expresó en una carta que envió el 15 de marzo pasado a las directivas de la coalición progresista.

Los líos jurídicos de Piedad Córdoba

Los líos jurídicos de la senadora electa Piedad Córdoba, de la coalición izquierdista colombiana Pacto Histórico, volvieron este miércoles a empañar la campaña de Gustavo Petro, quien pidió a la también excongresista “suspender todas sus actividades dentro de la campaña”.

“Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, aseguró en Twitter Petro, favorito en las encuestas de intención de voto.

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Según reveló este miércoles la revista Cambio, Córdoba “habría sostenido conversaciones con tres (presos) extraditables sobre lo que, según ella, constituye la necesidad de apoyar la campaña” de Petro.

Fuentes de inteligencia citadas por ese medio señalan que las reuniones fueron con José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas” y antiguo jefe de la Oficina de Envigado; Juan José Valencia, alias “Andrea” y parte del brazo financiero del Clan del Golfo, y John Freddy Zapata, alias “Messi” y que hace parte de esta banda criminal, la mayor del país.

Córdoba, que ya había sido senadora entre 1994 y 2010, ha estado en el ojo del huracán luego de que en febrero se conociera, en una investigación de Noticias Caracol, una declaración ante la Fiscalía de Andrés Vásquez, exasesor de la congresista electa.

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En ella, el hombre aseguró que hace unos 15 años la política “habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de conseguir que las liberaciones de Íngrid Betancourt y de los tres contratistas estadounidenses se retrasaran”.

Según esa versión, Córdoba quería darle el mérito de la liberación de secuestrados al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, para que a su vez, este la “catapultara” a la Presidencia colombiana.

Córdoba también ha sido acusada de tener vínculos con el supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, Álex Saab, quien está detenido y con el que ella habría viajado y hecho negocios, como algunos sectores políticos denuncian.