La Procuraduría pidió a las entidades respectivas, que evalúen el cierre de la cárcel antigua de Tuluá en aras de garantizar la vida de las personas privadas de la libertad porque puede estar afectada la infraestructura por el incendio.

De acuerdo con Javier Augusto Sarmiento Olarte, procurador delegado para los derechos humanos, la solicitud se realizó luego de visitar la estructura penitenciaria en los días martes y miércoles tras el incendio donde murieron más de 50 reclusos y 26 personas resultaron heridas

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Por ello, pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a la Unidad Nacional de Control de Riesgos de Desastres (UNGRD), a la Gobernación del Valle del Cauca y a la Alcaldía de Tuluá “evalúen a la mayor brevedad el cierre de la estructura antigua de este establecimiento”.

“Lo anterior en aras de garantizar la vida e integración personal de las personas privadas de la libertad y como quiera que preliminarmente se pudo establecer que pudo estar afectado la estructura con ocasión del incendio ocurrido en la madrugada del pasado 28 de junio”, explicó Sarmiento.

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En esta medida, explicó que es una infraestructura que data de 1972 y no cuenta con las condiciones mínimas de lo que se denomina vida en reclusión, además, no tiene ventilación, oscuridad, por eso solicitan a la mayor brevedad del cierre o sellamiento del penal.

Horas previas al anuncio del Ministerio Público, el INPEC inició con el traslado de 350 privados de la libertad que permanecían en los pabellones 8, 9 y 11 debido a las pésimas condiciones del penal.

“Ibagué, Calarcá, Armenia, Pereira, Manizales, Cartago, Jamundí, Palmira, Cali, Buga y Caicedonia esas son donde estamos enviando al personal”, explicó el general Tito Castellanos Director del INPEC.

La decisión causó malestar entre los familiares, algunos se han enfrentado con el ESMAD de la Policía intentando obtener información sobre sus parientes.

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“Que nos digan para donde los van a trasladar o que los dejen acá porque uno como familiar le queda muy duro, uno viviendo acá y sin poder irlo a visitar; la plata, más de uno no tiene la posibilidad”, expresó Dayana Castro, familiar de interno.

“Nos lo mandaron para Armenia, se llama Raúl, nos queda bastante complicado visitarlo en Armenia”, manifestó Nora Montoya, familiar de un interno.

En la sede de Medicina Legal de Cali, 25 de los 51 cuerpos están plenamente identificados y las víctimas oscilan entre los 19 y 53 años de edad.