En la decisión de la Corte Constitucional que dio su aval a la llamada ‘Ley de borrón y cuenta nueva‘, que establece una amnistía, por una sola vez, para eliminar de las centrales de riesgo los reportes negativos de los colombianos que paguen sus deudas, la Corte resaltó la necesidad de que se garantice un verdadero “derecho al olvido“.

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Es decir, que “la información personal financiera de connotación negativa tenga un término de caducidad definido” (…) pues los derechos de los ciudadanos se verían afectados por el “mantenimiento irrazonable y desproporcionado del dato negativo en el banco de datos o archivo correspondiente“.

La Corte advierte que “sería desproporcionado afectar de forma indefinida la vida crediticia por incumplimientos pasados“.