Por lo menos 176 personas que fallecieron hace varios años aparecieron en el año 2021 como beneficiarias del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El programa fue lanzado para la reactivación económica de la capital tras la crisis por la pandemia del COVID-19. De esas 176 personas fallecidas, 38 figuran recibiendo capacitación en bilingüismo y en actividades para conseguir empleo.

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Así lo estableció la Contraloría de Bogotá tras una auditoría de cumplimiento a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en la que se determinó que esos beneficiarios del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ tenían registro civil de defunción, algunos de ellos de hace más de 20 años.

De esta manera el contralor Auxiliar, Carlos Orlando Acuña aseguró que el caso se dio traslado “inmediato a la Personería y a la Fiscalía General de la Nación para su competencia”.

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Según datos, durante el 2021 la Secretaría de Desarrollo Económico reportó un total de 91 contratos con cargo al proyecto 7863 (en mención) por valor de $67.640.009.754.

De esos 91 contratos, se tomó una muestra de 18 contratos cuyo valor asciende a $63.755.840.964, que equivalen a 94 % respecto del valor total de la contratación realizada con recursos del proyecto.

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El programa ‘Empleo Joven’ que a su vez hace parte del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ contiene cinco metas, entre las que se encuentra generar 80 mil empleos para personas en general, 70 mil empleos para mujeres, 50 mil empleos para jóvenes y formar al menos 50 mil personas en bilingüismo.

Adicionalmente, busca vincular laboralmente a 15 mil jóvenes entre los 18 y 28 años, con un beneficio equivalente al 55 % de los costos laborales asociados a un salario mínimo mensual legal vigente hasta por tres meses por cada joven contratado, por tanto, entrega un total de 45 mil beneficios.

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Por ello, la Contraloría solicitó a la Registraduría la verificación de las bases de datos de defunciones con el ánimo de cruzar la información con los beneficiarios del proyecto 7863.

Al hacer ese ejercicio se constató que 176 personas beneficiadas por el programa de empleo tenían las cédulas canceladas por muerte y otra decena tenían cédulas canceladas por otras razones.

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La Contraloría formuló un hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de $94.327.079 con presunta incidencia disciplinaria y penal por falta de control sobre la base de datos de la población beneficiaria, al determinar presencia de personas con identificación cancelada por muerte y otras razones.

En general, la Contraloría encontró que el programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’ adelantado con recursos del Distrito, provenientes en parte de un crédito y de una adición presupuestal, no fue focalizado.

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Por lo tanto, los dineros no se dirigieron a población vulnerable, que eran personas en condición de discapacidad, jóvenes que ni estudian ni trabajan –NINI- y madres cabeza de hogar.

Asimismo, la Contraloría también encontró que con el programa ‘Empleo Joven’ benefició a 10 grandes empresas, cuando el objetivo era subsidiar a micro, pequeñas y medianas empresas.

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En efecto, 10 grandes empresas recibieron 380 subsidios y en dos de estas se concentraron 293 beneficios, que representan el 77.1 %, empresas que son multinacionales dedicadas al servicio de call center.

En su orden le siguen las microempresas que se beneficiaron con 60 subsidios y en una se concentra el 30.8 % de subsidios entregados, en total 29 microempresas recibieron un subsidio de empleo.

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Le siguen las pequeñas empresas que recibieron 47 subsidios y en dos de estas se concentra la entrega de 21 subsidios que representan el 44.7%. Finalmente, la mediana empresa se benefició con 27 subsidios y en dos de estas se concentran el 51.9%

Ante esta última situación, la Contraloría formuló un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por irregularidades en la ejecución del programa ‘Empleo Joven’ por incumplir las condiciones pactadas respecto a la priorización de empresas y el modelo de equidad.