¿Cartel de Soat? Los hallazgos que encontró la Contraloría al fiscalizar a la ADRES

La Contraloría estableció siete hallazgos fiscales por 13.955 millones de pesos al finalizar una Actuación Especial de Fiscalización a la Administradora de los Recursos del Sistema General e Seguridad Social en Salud -ADRES-.

Los hallazgos están relacionados con presuntas irregularidades en reclamaciones de accidentes de tránsito NO SOAT en las vigencias 2018 a julio 2021, varias detectadas inicialmente en alertas que dio la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

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El hallazgo fiscal de mayor cuantía, por 7.583 millones de pesos, tiene que ver con la no recuperación de recursos en reclamaciones NO SOAT por concepto de legalización de giro previos, donde la ADRES realizó un mayor desembolso a 16 IPS y una de ellas (la Clínica Jaller, en Barranquilla) concentra la mayor parte de esta cartera ($7.438 millones).

En este caso, la Contraloría advirtió sobre una posible materialización del riesgo de recuperación de los recursos adeudados, por una gestión antieconómica de la entidad.

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Lo anterior, por cuanto existe la posibilidad de que no se realicen nuevas radicaciones o que puedan existir posibles intervenciones forzosas y/o una etapa de liquidación que limite su reintegro o que conlleve a la erogación de más gastos administrativos (jurídicos) en este propósito.

Un segundo hallazgo fiscal sobre el mismo tema, la legalización de los giros previos en estas reclamaciones NO SOAT con mayores valores desembolsados, alcanza la suma de 6.021 millones de pesos.

Los otros hallazgos

• Dobles pagos de reclamaciones

La Contraloría confirmó la ocurrencia de irregularidades detectadas en alertas que dio la DIARI a finales del año 2021 en cuanto a reclamaciones presentadas durante la vigencia 2018 a julio de 2021 por parte de prestadores en salud que atendieron víctimas de accidentes de tránsito sin SOAT, por vehículo fantasma o en fuga.

Entre las irregularidades que se verificó son los presuntos dobles pagos de reclamaciones de gastos de transporte en ambulancia para el mismo usuario y accidente, prestando el mismo soporte más de una vez para reclamar presuntamente 2 o 3 veces el mismo reconocimiento por servicio de transporte y que la ADRES realizó dobles pagos por estas reclamaciones.

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También, dobles pagos de indemnización por fallecidos, por más de 25 millones de pesos. Estas dos situaciones de dobles reconocimientos en las reclamaciones afectan los recursos del sistema de salud y constituyen un presunto detrimento patrimonial de $128.528.897.

• Ambulancias que realizan traslado de víctimas materialmente imposibles

Ambulancias que trasladan a víctimas de accidentes distintos con menos de cinco minutos entre cada traslado, desde direcciones diferentes y alejadas entre sí, dejando ver una situación materialmente improbable. “No puede creerse que la ambulancia deje una víctima en una IPS y recoja y lleve otra en 5 minutos o menos“.

Por esta reclamación del pago de un servicio no prestado se determinó un hallazgo fiscal de $12.179.152.

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• Riesgo de cartelización

Hay un reducido grupo de prestadores de salud que concentran las reclamaciones a la ADRES por accidentes de tránsito donde no se contaba con el SOAT. Se ubican en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca.

Las reclamaciones se concentran en una, dos o tres IPS; además, algunas personas que ejercen como representantes legales de éstas siendo a la vez suplentes o socias de otras IPS en donde precisamente se presentan las concentraciones de reclamaciones.

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• Pagos por atención de personas fallecidas antes de los accidentes

Se determinaron también pagos por 13 reclamaciones NO SOAT radicadas ante la ADRES de servicios de salud a personas que habían fallecido antes de la fecha de la prestación del servicio.

Esta situación afecta los recursos públicos de la salud, por valor de $102.010.141, generado un posible menoscabo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por esta cuantía.

Al respecto ADRES informó a la Contraloría de un reintegro en trámite de $33 millones, pero a la fecha ni esa cantidad de dinero ni el resto se ha recuperado.